A través de este medio hemos resuelto comunicar al conjunto de los trabajadores municipales del país, parte de la discusión llevada a cabo en Asamblea de la Federación Metropolitana de Funcionarios Municipales FEMEFUM del día 19 de agosto del presente, en relación a la vigencia e implementación del Decreto Ley Nº3501/1980 y el Decreto Nº40/1981, normas legales que han sido ratificadas en dictamen Nº8.466/2008 de la Contraloría General de la República.
Al respecto, nos permitiremos dar por entendido el origen de los hechos como primera etapa del conflicto, considerando que la normativa en discusión ya debe ser de pleno conocimiento de toda la dirigencia sindical de nuestro sector.
El llamamiento que la SUBDERE hace a los alcaldes en la Circular Nº113/2009 sugiriendo no acatar las normas que se desprenden del D.L. Nº3.501/1980 y el Decreto Nº40/1981, interpretadas en dictamen Nº8.466/2008, es un grave atentado al estado de derecho y un profundo retroceso en las relaciones labores que bastante dañadas están por las nocivas iniciativas de gobiernos que se auto-definen como democráticos. Con esta intervención, la SUBDERE ha pretendido por la vía de la presión, que el incremento previsional asignado a los trabajadores municipales como justa compensación al costo asumido por la imposición del nuevo sistema privado de pensiones (1980), no sea parte de nuestro actual sistema de remuneraciones.
Por otra parte, la misiva enviada por la Asociación Chilena de Municipalidades al Ministro del Interior el día 17.08.2009, donde solicitan su intervención para no cancelar el incremento compensatorio, argumentando para ello un serio deterioro financiero de las municipalidades, devela finalmente que la mayor fundamentación que los alcaldes esgrimen para solicitar la cooperación del Ministro para no pagar el incremento, no es precisamente el cuestionamiento a la legalidad del pago, sino que al endeudamiento que deberán optar los municipios para hacer efectivo la cancelación de este.
Una importante cuota de responsabilidad le cabe también a la Contraloría General de República, pues ha sido ese organismo quien ha confeccionado año tras año nuestras planillas de sueldos, siendo incapaz de dar una interpretación adecuada a los Decretos de Ley con antelación, permitiendo con ello que se generara la deuda que hoy los trabajadores municipales estamos exigiendo en derecho, dar cuenta de este error le traería graves consecuencias por la responsabilidad que le cabe en el origen de los hechos.
La aparición del Dictamen Nº44.764/2009 la semana recién pasada, ha producido al interior de nuestro sector una profunda preocupación por considerarlo poco claro desde sus concepciones y asumiendo que se trata justamente de un dictamen aclaratorio, forzando además la legalidad con un impresentable contenido. Es precisamente su poca claridad nuestra mayor fortaleza y argumentación para la aplicabilidad del pago, toda vez que en este segundo pronunciamiento la Contraloría General no ha podido acusar ilegalidad en la aplicación de su anterior oficio, en definitiva este pronunciamiento viene siendo sólo un distractor que tiende a la confusión con estas “inéditas aclaraciones”.
La coyuntura que hoy cruza nuestro sector debe ser asumida con seriedad y responsabilidad por cada hombre y mujer del mundo municipal, y muy en particular por cada dirigente y sus respectivas organizaciones. A nuestro juicio, la tarea central en este momento es comprender que el análisis en detalle de todos y cada uno de los potenciales caminos, podrían otorgarnos finalmente la claridad necesaria al momento de evaluar las decisiones, puesto que en las actuales circunstancias aún no podemos descartar nada.
En ese contexto nuestra Federación ha resuelto proponer las siguientes iniciativas que nacen desde el seno de nuestra discusión, considerando primero que la conducción del actual conflicto es de única competencia de la unidad indisoluble de las organizaciones de base, regionales y de nuestra Confederación Nacional:
PROPUESTAS INMEDIATAS:
Reconsideración a la Contraloría General de la República respecto del dictamen 44.764 relativo a pronunciamiento del Dictamen 8.466.
Convocar a una Asamblea Nacional Extraordinaria que de cuenta de la actual coyuntura mediante un balance colectivo.
Dotarnos de un sólido respaldo jurídico que aclare nuestras dudas y supere nuestras deficiencias.
Diseñar una ordenada agenda nacional en perspectiva de una movilización permanente y de largo plazo.
Colocar la discusión del conflicto en el seno de la CUT y la Mesa del Sector Público.
Lograr que la totalidad de los trabajadores estén instruidos con las argumentaciones adecuadas para enfrentar el conflicto e incorporarse activamente en él.
Evaluar una denuncia internacional al gobierno de Chile ante la OIT por incumplimiento de sus propias normas, atentando de este modo a las remuneraciones y previsión de los trabajadores.
Lograr niveles de entendimiento y convergencia con las unidades: Jurídicas, de Finanzas y Control de cada uno de los municipios, como así también los Concejos Municipales.
Como política comunicacional, asediar permanente a la Subdere, la Contraloría y aquellos grupos de alcaldes que han decidido no acatar el actual ordenamiento jurídico.
Masificar nuestro conflicto a la opinión pública nacional y la ciudadanía en general, expresando que la naturaleza de nuestro reclamo es legítimo y se ajusta a derecho.
Demandar de las bancadas de legisladores el conocimiento inmediato del conflicto y las potenciales voluntades a su solución.
Solicitar al Senado y a la Cámara de Diputados, incorporar este tema a las discusiones de las Comisiones de Gobierno Interior.
Agendar un circuito de reuniones con las directivas de los partidos políticos solicitándoles su pronunciamiento al respecto.
Solicitar un pronunciamiento a la Superintendencia de Pensiones acusando la usurpación de sus funciones por parte de la Contraloría General.
En representación de la Federación Metropolitana de Funcionarios Municipales FEMEFUM,
FABIÁN CABALLERO V. Vice-Presidente
JULIO HERMOSILLA M. Secretario General
SANTIAGO, AGOSTO 24 DE 2009.-
