ANTE LA CRISIS ECONÓMICA
PLAN DE EMERGENCIA PARA LOS TRABAJADORES
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES – FEMEFUM
JUNIO DE 2009
Es nuestro deber manifestar el más categórico rechazo a la forma en que el gobierno, el Parlamento y la clase política en general, han decidido enfrentar la actual crisis económica, que con neutralidad e inoperancia frente al tema han permitido traspasar los costos de la crisis a los trabajadores y nuestras familias.
Esta crisis derivada del plano internacional, está en pleno desarrollo y desconocemos aún su profundidad y prolongación, pero de lo que sí tenemos certeza es que sus consecuencias en nuestra abierta economía nacional, afectarán injustamente a la mayoría de la población, en especial a los trabajadores.
El empresariado hará pagar a los más humildes los costos de esta crisis, rebajando nuestros salarios, condiciones de vida, aumentando la cesantía y reclamando del Estado subsidios, intervenciones monetarias, créditos blandos o apoyo para reconversiones económicas. El gobierno bajo la orientación económica capitalista neoliberal ha enfrentado la crisis con medidas asistenciales y cosméticas evadiendo toda responsabilidad para enfrentar el centro del problema.
Esta no es una crisis originada por el pueblo ni por los trabajadores, sino por el sistema económico-financiero neoliberal impuesto por la dictadura militar y profundizado por los co-gobiernos de la Concertación y la Alianza. Algunos de los síntomas que ya golpean en forma evidente al conjunto de la población, son los altos precios de los productos de primera necesidad, el alto precio de los combustibles, una inescrupulosa especulación financiera y las innumerables quiebras de empresas que han dejado en la cesantía a miles de trabajadores.
El conjunto de los trabajadores tenemos en la actualidad condiciones orgánicas para defender nuestros intereses, las organizaciones sindicales debemos impedir con justicia y dignidad que los efectos de esta crisis la paguemos los trabajadores, debemos darnos como tarea construir una propuesta seria que haga frente a la actual crisis. Debemos promover la idea de confeccionar un “Plan de Emergencia Nacional” para que el gobierno coloque nuestras demandas en el centro de la discusión política y social.
Este Plan de Emergencia debe considerar como primera medida un fondo nacional derivado de las reservas del cobre y del ahorro del superávit estructural.
Ante las alzas de los productos de primera necesidad, el gobierno debe entregar asignaciones económicas compensatorias permanentes a los sectores más vulnerables de la población y junto con ello, la eliminación del IVA a todos los productos de consumo masivo. El gobierno debe asegurar trabajo y estabilidad laboral emplazando al sector empresarial a no flexibilizar los empleos ni a bajar los sueldos. Los gobiernos regionales deben aumentar significativamente el traspaso fondos a los municipios para generar empleos de carácter permanentes.
En el plano de la salud y la educación, el Estado debe estar preparado para asegurar plena cobertura de estos Derechos para todas y todos, sin distinción alguna, toda vez que ya es evidente el éxodo masivo de usuarios desde el sector privado al sistema público.
El Gobierno deberá asegurar una re-negociación justa de créditos para la vivienda con acceso expedito para toda la población y con tasas de interés acordes al nivel de ingresos de los trabajadores y erradicar la injusta práctica del remate de viviendas.
El Gobierno y el Parlamento, deben asumir su responsabilidad política repatriando nuestros fondos de pensiones e impidiendo una nueva salida de estos a la inversión especulativa extranjera. Las AFPs deben hacerse cargo en forma efectiva con sus propios patrimonios de la escandalosa pérdida de nuestros ahorros previsionales.
La compra de carteras devengadas por parte del Banco Estado de las deudas de los trabajadores cesantes y activos, evitará el embargo y remate de bienes muebles.
El gobierno debe solicitar a todas las empresas que lucran con los servicios de primera necesidad el término de la inhumana práctica del corte del suministro, como así también la eliminación inmediata del cargo fijo y el término del cobro por el uso de medidores, artefactos o equipos, como es el caso del agua, electricidad, combustibles y telecomunicaciones.
El Gobierno debe abrir mercados de abastecimiento directo de productos agrícolas para asegurar un precio justo y abrir poder comprador para las PYMES.
El Estado debe asumir costo de la educación impidiendo que los alumnos queden sin estudios por el no pago de la mensualidad, y que puedan matricularse y titularse con deuda.
El congelamiento de la tarifa del transporte colectivo y la inmediata eliminación del cobro de horarios puntas, permitirá resolver en la coyuntura el acceso oportuno al transporte de toda la población más vulnerable, es decir, trabajadores (activos y cesantes), estudiantes y jubilados.
