El diputado Pepe Auth, presentará un proyecto de ley que permita aumentar la cantidad de parlamentarios en el Congreso. Este será presentado, en conjunto con legisladores de distintos sectores políticos.
Pero analicemos cuales son los costos que significan para todos los chilenos este proyecto:
* Valor referencial para la U.F. $ 21.453,48 del día 28/12/2010.
** Valor de una pasaje aéreo Santiago – P. Montt – Santiago de $ 56.912 (incluyendo la Tasa de embarque), del día 28/12/2010 en ofertas de Lan Chile.
Ahora, hoy tenemos un costo mensual de $1.957.659.500.- por 120 diputados, con un gasto anual para todos los chilenos de $23.491.915.200.-
¿Que significa esto? Al aumentar a 150 el cupo de diputados, de acuerdo al proyecto que desean presentar los honorables para el próximo periodo de elecciones, tendría un costo mensual para el país de $2.447.374.500.-, es decir, una diferencia adicional de $489.714.900, por mes.
Si se aprobara este proyecto, la planilla de sueldos de los diputados ascendería a un costo anual de $29.368.494.000.- con una diferencia de $5.876.578.800, en relación a la planilla actual.
Respecto a la posición de cada cual tiene, podríamos expresar que este proyecto podría constituirse en un gasto mayor; injusto e innecesario para las arcas públicas, o en le caso de ser rechazado, podríamos ahorrarnos más de 5 mil millones de pesos para inyectar estos recursos a un aumento real de nuestros salarios.
Después de analizar esto, podríamos entender que el reajuste para el sector público 2010, fue ¿equitativo, honorable, decente?
Las autoridades que hoy apoyan este proyecto de ampliar los cupos parlamentarios ¿están pensando en cuidar los fondos públicos?, pues ese fue el argumento n la pasada negociación para negarnos un mejor reajuste.
Las proyecciones de crecimiento económico para el 2011 permitían al gobierno haber otorgado un reajuste más justo, por sobre el 6%. El País tiene los recursos suficientes para elevar las condiciones de vida de su fuerza laboral, y sobretodo poder llegar a un mejor reajuste para el sector publico.
No es tiempo para desmoralizarnos, debemos sacar las lecciones necesarias, analizar muy profundamente el actuar de nuestra “Mesa de Negociaciones del Sector Público”, debatir la situación con altura de miras y no caer en los insultos y la autocrítica destructiva. Pero creo, que de donde tiene que venir la señal principal, es la autocrítica que debe hacerse esta Mesa. Debemos renovar el sistema, ampliar los conocimientos de nuestros líderes y no caer en la inercia de pensar que somos dirigentes de los trabajadores, para viajes, fueros y comidas.
Existe una frase del Padre Alberto Hurtado, que no solo se dedico a la palabra de Dios, si no también al espíritu social, dice así: “Todo hombre, cualquiera sea su fortuna o su apellido,merece el mismo respeto que el mayor potentado del dinero. Cada hombre es hijo de susobras y su mayor nobleza reside en la dignidad de su conducta y en la entereza de suscostumbres”
Y la pregunta será entonces. ¿Cómo cambiamos todo esto? Con trabajo, preparación, planificación y mucho respeto entre nosotros y nuestros adversarios, los cuales por lo general son pasajeros en nuestras vidas. Recordemos que se termina nuestra vida como dirigentes y se terminan los rencores.
“Nuestro problema no es la ignorancia; es sólo que sabemos demasiadas cosas que no son verdad”. (Josh Billings).
La Asociación de Funcionarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, le saluda cordialmente y molesta vuestra atención para exponer lo siguiente:
Con motivo del paro nacional convocado por la Mesa del Sector Público, al cual adherimos plenamente, esta Asociación en diferentes Asambleas realizadas en el transcurso de la movilización con motivo de analizar la planificación, desarrollo y consecuencias de la paralización, hemos concordado y decidido emitir opinión ante nuestra Confederación como aporte para la toma de resoluciones en el futuro.
1.- Suponemos que la constitución de una “MESA DEL SECTOR PUBLICO” obedece a la necesidad de aunar fuerzas para lograr un objetivo común y al respecto nos percatamos, el primer día de paro, que los trabajadores municipales luchábamos por un reajuste digno, aguinaldos, bono y continuidad de incentivo para jubilar y los gremios del sector centralizado (mayoría en la mesa) privilegiando la situación de los despidos. En resumen no huboconsenso en la priorización de los objetivos.
2.- Nos parece impresentable que solo a cuatro días hábiles de término del plazo para que ingresara el proyecto de reajuste al Congreso, LA MESA convocaraa un paro nacional DE ADVERTENCIA POR 24 HORAS, en consecuencia que la historia de nuestro movimiento nos indica que a esa fecha hemos llegado con más de ocho días de paro, tiempo en que todos sabemos que comienza la presión de la ciudadanía, la preocupación de los Alcaldes, Gobernadores e Intendentes, que presionan al Ministro de Hacienda para que se solucione el problema que conlleva la falta de servicio público, presión que repercute en la presidencia de la república desde donde se ordenan las directrices para la solución del conflicto. Esta vez NO HUBO NINGUNA PRESION ALMINISTRO DE HACIENDA NI MENOS A LA PRESIDENCIA DELAREPUBLICAy precisamente en el gobierno del empresariado.
3.- No creemos que la situación indicada precedentemente sea producto de la “falta de experiencia” de los que ostentan la mayoría de la mesa y especialmente del conductor de ella Sr. Arturo Martínez, de quien dudamos que tenga la legitimidad de liderar las negociaciones de nuestro sector, ya que su interés obedeció a una planificación de cálculo político que tenía como propósito acortar lo mas posible el tiempo de movilización de tal forma que se politizara en forma rápida y de esta manera “negociar los despidos” entregobierno y oposición dejando al movimiento sindical fuera del contexto,situación que consiguieron a cabalidad.
4.- La duda respecto de la legitimidad de Sr. Martínez sobre la conducción de “LA MESA”, la planteamos en nuestra Asamblea ante 600 funcionarios el día en que se llevó a efecto el paro de advertencia (no tiene relación con losucedido posteriormente referente a la duda de quien habló con elDiputado Andrade), y tiene sustento en hechos objetivos que al parecer nadie se atreve a mencionar. No existe análisis respecto a que en los veinte años de gobierno de Concertación, Chile terminó con un porcentaje de sindicalización del 13% y que solo un 8% negocia colectivamente con resultados deplorables con mínimas excepciones, lo que necesariamente conlleva a una sola lectura:
FRACASO de los gobiernos y de la Conducción por parte de la CUT, cuyo máximo líder, ha ostentado por muchos años la presidencia y además miembro de un partido que gobernó todo el tiempo señalado. Estos índices son uno de los más bajos de Latinoamérica y para nosotros significa que al movimiento sindical privado lo han puesto de rodillas para servir al empresariado con la venia de los gobiernos pasados y la CUT, hoy el objetivo es ponernos a nosotros los públicos, que aún somos el movimiento sindical que puede paralizar a nivel nacional cientos de miles de trabajadores. Frente a este panorama nos sentimos con el legítimo derecho a solicitar que nuestra
Confederación no permita que lidere la mesa del sector público, quien no tiene nada que mostrar a nuestro sector.
5.- Lanzar un paro de advertencia el día miércoles 01 de diciembre, trabajar los días 2 y 3; se presenta el fin de semana y retomar un paro lunes 6 y martes 7, día enque se presentaba el proyecto al congreso, es lo más grosero que hemos vivido los dirigentes de base. Posteriormente “LA MESA”, seguramente producto del inicio de “negociaciones” respecto de los despidos toma una decisión sorprendente, por decir lo menos, DEPONE EL PARO, (Sabemos que con el voto en contra de ASEMUCH) donde nos vimos en la incertidumbre de acatar o continuar por nuestra cuenta, pero en virtud de la disciplina y la unión decidimos acatar. La comedia de equivocaciones intencionadas nos deparó otra sorpresa de PROPORCIONES, a la 19:00 Hrs. SE RETOMA EL PARO. De la comedia de equivocaciones pasamos al desconcierto total, los teléfonos comienzan a sonar y los dirigentes de base tuvimos que mostrar la cara en razón de la falta de cordura de Martínez, De la Puente y CIA. Aquí podría haber terminado la puesta en práctica del manual “Como Destruir un Paro”, pero quedaba algo más; la situación de la cárcel de San Miguel hizo que nuestros socios en la lucha por el reajuste, DEPUSIERAN EL PARO EN TODO ELPAIS AL DIA SIGUIENTE, en consecuencia que la situación de requerimiento de servicio público se daba en Santiago y circunscrito a unidades específicas. No amerita más comentarios.
6.- Los Municipales, haciendo la fuerza del paro, fuimos los únicos que continuamos los días 9 y 10 del presente y recibiendo con alivio el hecho de comenzar a desmarcarnos de estos socios tan especiales. Ya el tema era solo político, la opinión de los trabajadores con valor cero, el reajuste y los bonos, desplazando el tema de los despidos, indicio que oposición y gobierno estaban“conversando”, seguramente no del despido de funcionarios públicos de doscientos mil pesos, sino de un segmento que ganan millones. Nuestra “clase política” confrontándose cuyo único premio es hacerle daño al opositor sin importar la causa de los trabajadores.
7.- Frente a la situación descrita comenzamos a comprobar en nuestra Comuna y otras regiones que profesores y salud (exceptuando la municipalizada) en su gran mayoría estaban trabajando, mientras sus líderes hablan de la lucha, el paro, la reivindicación, la fuerza, el compromiso, la dignidad etc., en consecuencia que solo estaban en paro sus directivas y haciendo funcionar la verborrea añeja y demagógica sobre el “movimiento”. PRACTICAMENTE LA MAYORIA NO ESTUVO EN PARO.
8.- Creemos que no se puede comprometer la unidad; el compromiso; las capacidades; el esfuerzo y la dignidad de los trabajadores municipales consocios que en un paro no les importó el motivo por el cual hemos luchadotodos los años en esta fecha, y nos estamos refiriendo a las personas y no a lasorganizaciones que dirigen. Privilegiaron los despidos como si alguna vez sehubiesen preocupado por lo mismo que nos ocurre cuando hay cambio deAlcaldes.
9.- Por lo indicado precedentemente, estimamos que nuestra Confederación debe reconsiderar, mientras permanezcan los actuales dirigentes de la MESA, pertenecer o formar alianzas con quienes consideramos han traicionado a lostrabajadores municipales.
Nos es necesario señalar, que la presente no tiene por objetivo buscar protagonismo, posicionamiento, crítica destructiva, interés político o hacer pensar que nosotros o alguien pudiera haber evitado los desaciertos dequienes tienen mayoría en la mesa del sector público y manejaron a suantojo la negociación del reajuste, anteponiendo solo los intereses políticos por sobre el real objetivo de todos nosotros. El interés de nuestra Asociación es que se analice el origen de los hechos, (algo que está en extinción en nuestro país) y que lo vivido sirva para meditar sobre las decisiones que en el futuro deben adoptarse en el ámbito de las alianzas sindicales.
Este agotado método de negociación que data del año 1994, se ha venido convirtiendo en una instancia que esboza sus limitaciones, en consecuencia, es hora que lo declararemos superado, pues la formulación de su metodología y el planteamiento de sus demandas han sido puestas en tela de juicio por incumplimiento de sus propias expectativas.
En cada negociación anual, sabemos de antemano que contamos con un proceso casi sin posibilidad de éxito, ya que desde el comienzo, los gobiernos (ayer de la concertación, hoy de la alianza) aprovechándose de la vulnerabilidad económica de los trabajadores y de su dispersión ideológica; política y orgánica, han incorporando a la negociación el arte del chantaje como instrumento de contrapeso, enviando al parlamento el proyecto en forma unilateral sin el acuerdo de la mesa.
Las altas utilidades de la venta del cobre han hecho que el erario nacional mantenga hoy una acumulación ascendente en los ingresos fiscales, en consecuencia no existe explicación alguna que fundamente la negativa del gobierno y el parlamento para mejorar los salarios de los trabajadores públicos. El nivel de endeudamiento que vive gran parte de los funcionarios públicos (40%), los ha hecho “merecedores” de compartir el segmento de chilenos que viven bajo la línea de la pobreza, pues muchos de ellos acumulan serios efectos sociales derivados de sus bajos sueldos y de las crisis económicas.
Este año, durante el desarrollo del proceso, la mesa mantuvo una posición débil, confusa e improvisada frente al tema. Algunos de sus integrantes se mantuvieron incluso vacilantes frente a un gobierno que con una clara política anti-trabajadores propuso como única oferta, un reajuste salarial que ni siquiera nivelaba en términos reales la inflación acumulada, ni mucho menos alcanzaba a asimilar los índices de crecimiento económico del país. En cuanto al pliego, éste adoleció de conectividad con la realidad concreta de los trabajadores, pues su diseño y construcción fue sancionado únicamente entre los presidentes de la mesa y el presidente de la CUT, sin la participación orgánica de las bases. En definitiva, las asociaciones bases y las federaciones fueron excluidas de la discusión, teniendo los trabajadores que abrazar un pliego impuesto unilateralmente por la vía cupular.
Nos encontramos hoy frente a un panorama que nos obliga a replantear en lo inmediato el actuar de la mesa en todos sus aspectos, con la idea central que ésta se constituya en una verdadera instancia de negociación para un aumento real del salario, y terminar definitivamente con el triste; mezquino e insuficiente reclamo de la reajustabilidad inflacionaria.
Esta nueva mesa estará obligada a constituirse en una instancia permanente y no en un organismo intermitente e itinerante, de este modo logrará convertirse en la “central” de los trabajadores públicos al interior de la CUT. Una de sus primeras y más importantes tareas será plantear desde la posición de los trabajadores, una profunda discusión respecto del rol del estado y la modernización de su aparato, debate que estamos llamados a hacernos cargo desde este momento.
El periodo de negociación del salario deberá comenzar al inicio de cada año, recopilando todos y cada uno de los antecedentes económicos; laborales y sociales que respalden sólidamente las demandas de los trabajadores, con la finalidad de hacerla justa e incuestionable frente al gobierno y el parlamento. La única posibilidad de lograr fuerzas equilibras durante el proceso, será en la forma señalada en el Convenio 151 de la OIT ratificado por Chile el año 2000, esto es, negociación colectiva con derecho a huelga para los trabajadores públicos. De este modo nos dotaremos de una verdadera herramienta de presión con respaldo internacional y con un rango de tiempo significativo para ir evaluando las distintas etapas del proceso.
La movilización tendrá que cumplir su verdadero rol de consecución de objetivos, monitoreada y consultada permanentemente en forma orgánica con las bases. Los dirigentes nacionales deberán estar disponibles en cada región del país, logrando con ello erradicar esa curiosa práctica de que todos deben estar agrupados permanentemente en el parlamento. En la actualidad, el gobierno sabe de esta debilidad orgánica, pues mientras la mesa llama a movilizarse, la base no cuenta con dirigentes nacionales, situación que no provoca riesgo alguno para el gobierno, es más, conocen a cabalidad la tardanza e improvisación de nuestras comunicaciones.
El actual reajuste que se entrega en carácter de “único” para todos los funcionarios públicos, sólo ha tendido a profundizar la brecha salarial existente entre la gran masa de asalariados públicos que apenas alcanzan la liquidez del ingreso mínimo, versus los millonarios sueldos de los más encumbrados funcionarios del aparato estatal (senadores, diputados, ejecutivo, ministros, cuerpo diplomático, alcaldes, etc.) al respecto proponemos que estos altos funcionarios no se hagan parte del aumento salarial, no al menos el que demande esta mesa.
La línea de corte salarial para diferenciar los distintos incentivos y bonos, deberá favorecer a una mayor cantidad de grados, pues se hace inconcebible pensar que es posible asimilar sueldos de trabajadores que ganan 525 mil (la mayoría de ellos con sus sueldos hipotecados) con aquellos funcionarios con sueldos que superan con creces el millón de pesos.
Gran parte del discurso de los que hoy desde el parlamento se autodefinen como oposición a la derecha, son los mismos que implementaron una permanente política anti-trabajadores durante cada uno de los gobiernos de la concertación. Hoy estos progresistas tienden nuevamente (como lo hicieran en el tiempo de la dictadura) a volcar la mirada al campo popular para lograr niveles de alianza con distintos sectores sociales, con el objetivo de re-construir para sí las organizaciones que ellos mismos se encargaron de desarmar durante estos veinte años. Sabemos muy bien que lo único que buscan es el respaldo electoral para usar nuevamente a los trabajadores como furgón de cola en las disputas inter-burguesas para las elecciones que se avecinan.
No puede volver a ocurrir, que la mesa del sector público, constituida por catorce presidentes de confederaciones, invista como “representantes legales” de nuestras demandas a un número determinado de oportunistas parlamentarios, desplazando a un segundo lugar el rol histórico e insustituible del dirigente sindical. Las consecuencias de tal medida las tenemos hoy a la vista, habiendo terminado el proceso con una mesa suplicando de rodillas un reajuste muy por debajo de lo proyectado, ni hablar de bonos ni asignaciones.
Por último, cada gremio que constituye la mesa, deberá transparentar desde el inicio sus propuestas de carácter sectorial, pues es pertinente reconocer que cada una de ellas es una legítima demanda de los distintos servicios públicos. Al respecto, lo que corresponde es que éstas propuestas sean debatidas en escenarios y tiempos distintos -he ahí la necesidad que la mesa se constituya en una instancia permanente-, de esta forma se logrará un trabajo y una plataforma de movilización única, ordenada y planificada que vaticinará el logro de los objetivos trazados.
Este agotado método de negociación que data del año 1994, se ha venido convirtiendo en una instancia que esboza sus limitaciones, en consecuencia, es hora que lo declararemos superado, pues la formulación de su metodología y el planteamiento de sus demandas han sido puestas en tela de juicio por incumplimiento de sus propias expectativas.
En cada negociación anual, sabemos de antemano que contamos con un proceso casi sin posibilidad de éxito, ya que desde el comienzo, los gobiernos (ayer de la concertación, hoy de la alianza) aprovechándose de la vulnerabilidad económica de los trabajadores y de su dispersión ideológica; política y orgánica, han incorporando a la negociación el arte del chantaje como instrumento de contrapeso, enviando al parlamento el proyecto en forma unilateral sin el acuerdo de la mesa.
Las altas utilidades de la venta del cobre han hecho que el erario nacional mantenga hoy una acumulación ascendente en los ingresos fiscales, en consecuencia no existe explicación alguna que fundamente la negativa del gobierno y el parlamento para mejorar los salarios de los trabajadores públicos. El nivel de endeudamiento que vive gran parte de los funcionarios públicos (40%), los ha hecho “merecedores” de compartir el segmento de chilenos que viven bajo la línea de la pobreza, pues muchos de ellos acumulan serios efectos sociales derivados de sus bajos sueldos y de las crisis económicas.
Este año, durante el desarrollo del proceso, la mesa mantuvo una posición débil, confusa e improvisada frente al tema. Algunos de sus integrantes se mantuvieron incluso vacilantes frente a un gobierno que con una clara política anti-trabajadores propuso como única oferta, un reajuste salarial que ni siquiera nivelaba en términos reales la inflación acumulada, ni mucho menos alcanzaba a asimilar los índices de crecimiento económico del país. En cuanto al pliego, éste adoleció de conectividad con la realidad
concreta de los trabajadores, pues su diseño y construcción fue sancionado únicamente entre los presidentes de la mesa y el presidente de la CUT, sin la participación orgánica de las bases. En definitiva, las asociaciones bases y las federaciones fueron excluidas de la discusión, teniendo los trabajadores que abrazar un pliego impuesto unilateralmente por la vía cupular. Nos encontramos hoy frente a un panorama que nos obliga a replantear en lo inmediato el actuar de la mesa en todos sus aspectos, con la idea central que ésta se constituya en una verdadera instancia de negociación para un aumento real del salario, y terminar definitivamente con el triste; mezquino e insuficiente reclamo de la reajustabilidad inflacionaria.
Esta nueva mesa estará obligada a constituirse en una instancia permanente y no en un organismo intermitente e itinerante, de este modo logrará convertirse en la “central” de los trabajadores públicos al interior de la CUT. Una de sus primeras y más importantes tareas será plantear desde la posición de los trabajadores, una profunda discusión respecto del rol del estado y la modernización de su aparato, debate que estamos llamados a hacernos cargo desde este momento.
El periodo de negociación del salario deberá comenzar al inicio de cada año, recopilando todos y cada uno de los antecedentes económicos; laborales y sociales que respalden sólidamente las demandas de los trabajadores, con la finalidad de hacerla justa e incuestionable frente al gobierno y el parlamento. La única posibilidad de lograr fuerzas equilibras durante el proceso, será en la forma señalada en el Convenio 151 de la OIT ratificado por Chile el año 2000, esto es, negociación colectiva con derecho a huelga para los trabajadores públicos. De este modo nos dotaremos de una verdadera herramienta de presión con respaldo internacional y con un rango de tiempo significativo para ir evaluando las distintas etapas del proceso.
La movilización tendrá que cumplir su verdadero rol de consecución de objetivos, monitoreada y consultada permanentemente en forma orgánica con las bases. Los dirigentes nacionales deberán estar disponibles en cada región del país, logrando con ello erradicar esa curiosa práctica de que todos deben estar agrupados permanentemente en el parlamento. En la actualidad, el gobierno sabe de esta debilidad orgánica, pues mientras la mesa llama a movilizarse, la base no cuenta con dirigentes nacionales, situación que no provoca riesgo alguno para el gobierno, es más, conocen a cabalidad la tardanza e improvisación de nuestras comunicaciones.
El actual reajuste que se entrega en carácter de “único” para todos los funcionarios públicos, sólo ha tendido a profundizar la brecha salarial existente entre la gran masa de asalariados públicos que apenas alcanzan la liquidez del ingreso mínimo, versus los millonarios sueldos de los más encumbrados funcionarios del aparato estatal (senadores, diputados, ejecutivo, ministros, cuerpo diplomático, alcaldes, etc.) al respecto proponemos que estos altos funcionarios no se hagan parte del aumento salarial, no al menos el que demande esta mesa.
La línea de corte salarial para diferenciar los distintos incentivos y bonos, deberá favorecer a una mayor cantidad de grados, pues se hace inconcebible pensar que es posible asimilar sueldos de trabajadores que ganan 525 mil (la mayoría de ellos con sus sueldos hipotecados) con aquellos funcionarios con sueldos que superan con creces el millón de pesos.
Gran parte del discurso de los que hoy desde el parlamento se autodefinen como oposición a la derecha, son los mismos que implementaron una permanente política anti-trabajadores durante cada uno de los gobiernos de la concertación. Hoy estos progresistas tienden nuevamente (como lo hicieran en el tiempo de la dictadura) a volcar la mirada al campo popular para lograr niveles de alianza con distintos sectores sociales, con el objetivo de re-construir para sí las organizaciones que ellos mismos se encargaron de desarmar durante estos veinte años. Sabemos muy bien que lo único que buscan es el respaldo electoral para usar nuevamente a los trabajadores como furgón de cola en las disputas inter-burguesas para las elecciones que se avecinan.
No puede volver a ocurrir, que la mesa del sector público, constituida por catorce presidentes de confederaciones, invista como “representantes legales” de nuestras demandas a un número determinado de oportunistas parlamentarios, desplazando a un segundo lugar el rol histórico e insustituible del dirigente sindical. Las consecuencias de tal medida las tenemos hoy a la vista, habiendo terminado el proceso con una mesa suplicando de rodillas un reajuste muy por debajo de lo proyectado, ni hablar de bonos ni asignaciones.
Por último, cada gremio que constituye la mesa, deberá transparentar desde el inicio sus propuestas de carácter sectorial, pues es pertinente reconocer que cada una de ellas es una legítima demanda de los distintos servicios públicos. Al respecto, lo que corresponde es que éstas propuestas sean debatidas en escenarios y tiempos distintos -he ahí la necesidad que la mesa se constituya en una instancia permanente-, de esta forma se logrará un trabajo y una plataforma de movilización única, ordenada y planificada que vaticinará el logro de los objetivos trazados.
