¿QUE HACER CON LA MESA DEL SECTOR PÚBLICO?
*Fabián Caballero V.
Este agotado método de negociación que data del año 1994, se ha venido convirtiendo en una instancia que esboza sus limitaciones, en consecuencia, es hora que lo declararemos superado, pues la formulación de su metodología y el planteamiento de sus demandas han sido puestas en tela de juicio por incumplimiento de sus propias expectativas.
En cada negociación anual, sabemos de antemano que contamos con un proceso casi sin posibilidad de éxito, ya que desde el comienzo, los gobiernos (ayer de la concertación, hoy de la alianza) aprovechándose de la vulnerabilidad económica de los trabajadores y de su dispersión ideológica; política y orgánica, han incorporando a la negociación el arte del chantaje como instrumento de contrapeso, enviando al parlamento el proyecto en forma unilateral sin el acuerdo de la mesa.
Las altas utilidades de la venta del cobre han hecho que el erario nacional mantenga hoy una acumulación ascendente en los ingresos fiscales, en consecuencia no existe explicación alguna que fundamente la negativa del gobierno y el parlamento para mejorar los salarios de los trabajadores públicos. El nivel de endeudamiento que vive gran parte de los funcionarios públicos (40%), los ha hecho “merecedores” de compartir el segmento de chilenos que viven bajo la línea de la pobreza, pues muchos de ellos acumulan serios efectos sociales derivados de sus bajos sueldos y de las crisis económicas.
Este año, durante el desarrollo del proceso, la mesa mantuvo una posición débil, confusa e improvisada frente al tema. Algunos de sus integrantes se mantuvieron incluso vacilantes frente a un gobierno que con una clara política anti-trabajadores propuso como única oferta, un reajuste salarial que ni siquiera nivelaba en términos reales la inflación acumulada, ni mucho menos alcanzaba a asimilar los índices de crecimiento económico del país. En cuanto al pliego, éste adoleció de conectividad con la realidad
concreta de los trabajadores, pues su diseño y construcción fue sancionado únicamente entre los presidentes de la mesa y el presidente de la CUT , sin la participación orgánica de las bases. En definitiva, las asociaciones bases y las federaciones fueron excluidas de la discusión, teniendo los trabajadores que abrazar un pliego impuesto unilateralmente por la vía cupular. Nos encontramos hoy frente a un panorama que nos obliga a replantear en lo inmediato el actuar de la mesa en todos sus aspectos, con la idea central que ésta se constituya en una verdadera instancia de negociación para un aumento real del salario, y terminar definitivamente con el triste; mezquino e insuficiente reclamo de la reajustabilidad inflacionaria.
Esta nueva mesa estará obligada a constituirse en una instancia permanente y no en un organismo intermitente e itinerante, de este modo logrará convertirse en la “central” de los trabajadores públicos al interior de la CUT. Una de sus primeras y más importantes tareas será plantear desde la posición de los trabajadores, una profunda discusión respecto del rol del estado y la modernización de su aparato, debate que estamos llamados a hacernos cargo desde este momento.
El periodo de negociación del salario deberá comenzar al inicio de cada año, recopilando todos y cada uno de los antecedentes económicos; laborales y sociales que respalden sólidamente las demandas de los trabajadores, con la finalidad de hacerla justa e incuestionable frente al gobierno y el parlamento. La única posibilidad de lograr fuerzas equilibras durante el proceso, será en la forma señalada en el Convenio 151 de la OIT ratificado por Chile el año 2000, esto es, negociación colectiva con derecho a huelga para los trabajadores públicos. De este modo nos dotaremos de una verdadera herramienta de presión con respaldo internacional y con un rango de tiempo significativo para ir evaluando las distintas etapas del proceso.
La movilización tendrá que cumplir su verdadero rol de consecución de objetivos, monitoreada y consultada permanentemente en forma orgánica con las bases. Los dirigentes nacionales deberán estar disponibles en cada región del país, logrando con ello erradicar esa curiosa práctica de que todos deben estar agrupados permanentemente en el parlamento. En la actualidad, el gobierno sabe de esta debilidad orgánica, pues mientras la mesa llama a movilizarse, la base no cuenta con dirigentes nacionales, situación que no provoca riesgo alguno para el gobierno, es más, conocen a cabalidad la tardanza e improvisación de nuestras comunicaciones.
El actual reajuste que se entrega en carácter de “único” para todos los funcionarios públicos, sólo ha tendido a profundizar la brecha salarial existente entre la gran masa de asalariados públicos que apenas alcanzan la liquidez del ingreso mínimo, versus los millonarios sueldos de los más encumbrados funcionarios del aparato estatal (senadores, diputados, ejecutivo, ministros, cuerpo diplomático, alcaldes, etc.) al respecto proponemos que estos altos funcionarios no se hagan parte del aumento salarial, no al menos el que demande esta mesa.
La línea de corte salarial para diferenciar los distintos incentivos y bonos, deberá favorecer a una mayor cantidad de grados, pues se hace inconcebible pensar que es posible asimilar sueldos de trabajadores que ganan 525 mil (la mayoría de ellos con sus sueldos hipotecados) con aquellos funcionarios con sueldos que superan con creces el millón de pesos.
Gran parte del discurso de los que hoy desde el parlamento se autodefinen como oposición a la derecha, son los mismos que implementaron una permanente política anti-trabajadores durante cada uno de los gobiernos de la concertación. Hoy estos progresistas tienden nuevamente (como lo hicieran en el tiempo de la dictadura) a volcar la mirada al campo popular para lograr niveles de alianza con distintos sectores sociales, con el objetivo de re-construir para sí las organizaciones que ellos mismos se encargaron de desarmar durante estos veinte años. Sabemos muy bien que lo único que buscan es el respaldo electoral para usar nuevamente a los trabajadores como furgón de cola en las disputas inter-burguesas para las elecciones que se avecinan.
No puede volver a ocurrir, que la mesa del sector público, constituida por catorce presidentes de confederaciones, invista como “representantes legales” de nuestras demandas a un número determinado de oportunistas parlamentarios, desplazando a un segundo lugar el rol histórico e insustituible del dirigente sindical. Las consecuencias de tal medida las tenemos hoy a la vista, habiendo terminado el proceso con una mesa suplicando de rodillas un reajuste muy por debajo de lo proyectado, ni hablar de bonos ni asignaciones.
Por último, cada gremio que constituye la mesa, deberá transparentar desde el inicio sus propuestas de carácter sectorial, pues es pertinente reconocer que cada una de ellas es una legítima demanda de los distintos servicios públicos. Al respecto, lo que corresponde es que éstas propuestas sean debatidas en escenarios y tiempos distintos -he ahí la necesidad que la mesa se constituya en una instancia permanente-, de esta forma se logrará un trabajo y una plataforma de movilización única, ordenada y planificada que vaticinará el logro de los objetivos trazados.
*Pdte. Fed. Metrop. Trabajadores Municipales
Diciembre, 2010.-