ANTE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA
Es nuestro deber manifestar el más categórico rechazo a la forma en que el gobierno, el Parlamento y la clase política en general, han decidido enfrentar la actual crisis económica, que con neutralidad e inoperancia frente al tema han permitido traspasar los costos de la crisis a los trabajadores y nuestras familias.
Esta crisis derivada del plano internacional, está en pleno desarrollo y desconocemos aún su profundidad y prolongación, pero de lo que sí tenemos certeza es que sus consecuencias en nuestra abierta economía nacional, afectaran injustamente a la mayoría de la población, en especial a los trabajadores.
El empresariado hará pagar a los más humildes los costos de esta crisis, rebajando nuestros salarios, condiciones de vida, aumentando la cesantía y reclamando del Estado subvenciones, intervenciones monetarias, créditos blandos o apoyo para reconversiones económicas. El gobierno bajo la orientación económica capitalista neoliberal, enfrentará la crisis con medidas asistenciales y cosméticas evadiendo toda responsabilidad para enfrentar el centro del problema.
Esta no es una crisis originada por el pueblo ni por los trabajadores, sino por el sistema económico neoliberal impuesto por la dictadura militar y profundizado por los co-gobiernos de la Concertación y la Alianza. Algunos de los síntomas que ya golpean en forma evidente al conjunto de la población, son los altos precios de los productos de primera necesidad, el alto precio de los combustibles, una inflación ascendente, altas tasas de interés, la inescrupulosa especulación financiera y las innumerables quiebras de empresas que han dejado en la cesantía a miles de trabajadores.
El conjunto de los trabajadores tenemos en la actualidad condiciones orgánicas para defender nuestros intereses, así fue demostrado categóricamente en el proceso negociación del reajuste salarial para el sector público, en donde la movilización alcanzo un alto nivel de convocatoria en todo el país. Las organizaciones sindicales debemos impedir con justicia y dignidad que los efectos de esta crisis la paguemos los trabajadores. Tenemos que darnos como tarea central construir una propuesta seria que haga frente a la actual crisis. Debemos promover la idea de confeccionar un “Plan de Emergencia Nacional” para que el gobierno coloque nuestras demandas en el centro de la discusión política y social.
Este Plan de Emergencia debe ser considerado en el presupuesto nacional del año 2009, y como primera medida debe contemplar un fondo nacional derivado de las reservas del cobre y del ahorro del 1% del superávit estructural.
Ante las alzas de los productos de primera necesidad, el gobierno debe entregar asignaciones económicas compensatorias a los sectores más vulnerables de la población y junto con ello, la eliminación del IVA a todos los productos de consumo masivo. El gobierno debe asegurar trabajo y estabilidad laboral emplazando al sector empresarial a no flexibilizar los empleos ni a bajar los sueldos. Los gobiernos regionales deben aumentar significativamente el traspaso fondos a los municipios para generar de este modo empleos de carácter permanentes.
La creación inmediata de un seguro temporal para la cesantía (independiente del ya existente), será un instrumento que asegurará la plena satisfacción de las necesidades básicas de nuestras familias.
En el plano de la salud y la educación, el Estado debe estar preparado para asegurar plena cobertura de estos Derechos para todas y todos, sin distinción alguna, toda vez que será evidente un masivo éxodo de usuarios desde el sector privado al sistema público.
El Gobierno deberá asegurar una re-negociación justa de créditos para la vivienda y la educación, con acceso expedito para toda la población y con tasas de interés acordes al nivel de ingresos de los trabajadores. El Gobierno y el Parlamento, deben asumir su responsabilidad política repatriando nuestros fondos de pensiones e impidiendo una nueva salida de estos a la inversión especulativa extranjera. Las AFPs deben hacerse cargo en forma efectiva (con sus propios patrimonios) de la escandalosa perdida de nuestros ahorros previsionales.
La compra de carteras devengadas de las deudas de los trabajadores cesantes y activos, evitará el embargo de bienes muebles y remates de viviendas. El gobierno debe solicitar a todas las empresas que lucran con los servicios de primera necesidad la eliminación inmediata del cargo fijo y el término del cobro por el uso de medidores, artefactos o equipos, como es el caso del agua, electricidad, combustibles, transportes y telecomunicaciones.
POR LA DIGINIDAD DE NUESTRAS FAMILIAS
Y CON EL DERECHO QUE NOS DA LA RAZÓN
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
FEMEFUM
Noviembre, 2008.
Es nuestro deber manifestar el más categórico rechazo a la forma en que el gobierno, el Parlamento y la clase política en general, han decidido enfrentar la actual crisis económica, que con neutralidad e inoperancia frente al tema han permitido traspasar los costos de la crisis a los trabajadores y nuestras familias.
Esta crisis derivada del plano internacional, está en pleno desarrollo y desconocemos aún su profundidad y prolongación, pero de lo que sí tenemos certeza es que sus consecuencias en nuestra abierta economía nacional, afectaran injustamente a la mayoría de la población, en especial a los trabajadores.
El empresariado hará pagar a los más humildes los costos de esta crisis, rebajando nuestros salarios, condiciones de vida, aumentando la cesantía y reclamando del Estado subvenciones, intervenciones monetarias, créditos blandos o apoyo para reconversiones económicas. El gobierno bajo la orientación económica capitalista neoliberal, enfrentará la crisis con medidas asistenciales y cosméticas evadiendo toda responsabilidad para enfrentar el centro del problema.
Esta no es una crisis originada por el pueblo ni por los trabajadores, sino por el sistema económico neoliberal impuesto por la dictadura militar y profundizado por los co-gobiernos de la Concertación y la Alianza. Algunos de los síntomas que ya golpean en forma evidente al conjunto de la población, son los altos precios de los productos de primera necesidad, el alto precio de los combustibles, una inflación ascendente, altas tasas de interés, la inescrupulosa especulación financiera y las innumerables quiebras de empresas que han dejado en la cesantía a miles de trabajadores.
El conjunto de los trabajadores tenemos en la actualidad condiciones orgánicas para defender nuestros intereses, así fue demostrado categóricamente en el proceso negociación del reajuste salarial para el sector público, en donde la movilización alcanzo un alto nivel de convocatoria en todo el país. Las organizaciones sindicales debemos impedir con justicia y dignidad que los efectos de esta crisis la paguemos los trabajadores. Tenemos que darnos como tarea central construir una propuesta seria que haga frente a la actual crisis. Debemos promover la idea de confeccionar un “Plan de Emergencia Nacional” para que el gobierno coloque nuestras demandas en el centro de la discusión política y social.
Este Plan de Emergencia debe ser considerado en el presupuesto nacional del año 2009, y como primera medida debe contemplar un fondo nacional derivado de las reservas del cobre y del ahorro del 1% del superávit estructural.
Ante las alzas de los productos de primera necesidad, el gobierno debe entregar asignaciones económicas compensatorias a los sectores más vulnerables de la población y junto con ello, la eliminación del IVA a todos los productos de consumo masivo. El gobierno debe asegurar trabajo y estabilidad laboral emplazando al sector empresarial a no flexibilizar los empleos ni a bajar los sueldos. Los gobiernos regionales deben aumentar significativamente el traspaso fondos a los municipios para generar de este modo empleos de carácter permanentes.
La creación inmediata de un seguro temporal para la cesantía (independiente del ya existente), será un instrumento que asegurará la plena satisfacción de las necesidades básicas de nuestras familias.
En el plano de la salud y la educación, el Estado debe estar preparado para asegurar plena cobertura de estos Derechos para todas y todos, sin distinción alguna, toda vez que será evidente un masivo éxodo de usuarios desde el sector privado al sistema público.
El Gobierno deberá asegurar una re-negociación justa de créditos para la vivienda y la educación, con acceso expedito para toda la población y con tasas de interés acordes al nivel de ingresos de los trabajadores. El Gobierno y el Parlamento, deben asumir su responsabilidad política repatriando nuestros fondos de pensiones e impidiendo una nueva salida de estos a la inversión especulativa extranjera. Las AFPs deben hacerse cargo en forma efectiva (con sus propios patrimonios) de la escandalosa perdida de nuestros ahorros previsionales.
La compra de carteras devengadas de las deudas de los trabajadores cesantes y activos, evitará el embargo de bienes muebles y remates de viviendas. El gobierno debe solicitar a todas las empresas que lucran con los servicios de primera necesidad la eliminación inmediata del cargo fijo y el término del cobro por el uso de medidores, artefactos o equipos, como es el caso del agua, electricidad, combustibles, transportes y telecomunicaciones.
POR LA DIGINIDAD DE NUESTRAS FAMILIAS
Y CON EL DERECHO QUE NOS DA LA RAZÓN
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
FEMEFUM
Noviembre, 2008.
